Enjuiciará El Salvador a dos vinculados con matanza en Tamaulipas

San Salvador (EFE).- Un tribunal salvadoreño enjuiciará a dos supuestos traficantes de indocumentados que abandonaron en México a 14 salvadoreños que luego fueron víctimas de la matanza, en 2010, de 72 inmigrantes en el estado mexicano de Tamaulipas, anunció la Fiscalía.

Los imputados son los salvadoreños Erick Escobar Ramírez y Carlos Teos Parada, quienes “deberán enfrentar en los próximos días la vista pública por el delito de tráfico ilegal de personas agravado”, informó la Fiscalía General de la República en un comunicado, sin precisar una fecha.

El organismo judicial señaló que ambos imputados son supuestos “coyotes” vinculados “con la brutal matanza ocurrida en 2010 en un rancho de Tamaulipas (México)”, entre cuyas víctimas “se logró identificar a 14 salvadoreños”, y que cuenta con “suficientes elementos de prueba en contra” de ellos.

“Las investigaciones detallan que los imputados contactaron a las víctimas provenientes de diferentes zonas de El Salvador, a quienes les ofrecieron llevarlas hacia Estados Unidos de una forma segura, viaje por el que cobraron elevadas cantidades de dinero, que oscilan entre los 6,000 y los 7,000 dólares”, agregó.

Después de cruzar ilegalmente Guatemala y parte de México, el grupo llegó a Tamaulipas, donde “los ‘coyotes’ abandonaron a las víctimas, quienes fueron secuestradas por el grupo armado de Los Zetas; estos los llevaron hacia un rancho en San Fernando (…), donde fueron masacrados”, subrayó la Fiscalía salvadoreña.

Refirió que, además de Escobar y Teo, otros cuatro salvadoreños están detenidos y en fase de instrucción por el caso.

La Fiscalía añadió que hay órdenes de captura contra los salvadoreños David Antonio Escobar Canales, Francis Edgardo Palacios Fuentes, así como el guatemalteco José María Negreros Sermeño, este último “considerado como el principal contacto de esta estructura” de traficantes de indocumentados en Guatemala.

En agosto de 2010, los 72 inmigrantes latinoamericanos fueron asesinados a tiros en el rancho de San Fernando, en Tamaulipas, masacre atribuida por las autoridades mexicanas a Los Zetas.

Las víctimas eran indocumentados ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y brasileños, de acuerdo con la información oficial.

Surge nuevo caso de posible abuso a estudiantes en LAUSD

Los Ángeles (EFE).- Un profesor hispano continuó trabajando como maestro sustituto a pesar de haber sido denunciado varias veces por conducta sexual inapropiada con estudiantes menores, informa el periódico Los Ángeles Times.

Las denuncias contra George Hernández, de 45 años, se presentaron en 2004, 2006 y 2007 pero en ninguno de los casos los investigadores encontraron suficiente evidencia para presentar una acusación formal, según el diario.

Luego de renunciar al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) tras la última investigación en 2007, Hernández trabajó en el distrito escolar de Inglewood en 2008.

En febrero de ese año, mientras cumplía el reemplazo de una profesora ausente por maternidad, Hernández aparentemente molestó sexualmente a una estudiante de segundo grado, que en ese momento tenía siete años.

Sin embargo, el supuesto abuso no se supo hasta septiembre de 2010 cuando una niña de 11 años reportó que un hombre en una camioneta se había detenido junto a ella y se le había expuesto indecentemente.

La investigación de las placas del vehículo condujo a la policía hasta Hernández. En su apartamento los investigadores encontraron más de 150 vídeos, cerca de dos docenas de ellas con material “inapropiado”.

En uno de los videos, según el informe de la policía de Huntington Park, se ve a Hernández tocando a la estudiante de Inglewood por debajo de la ropa y sentándola sobre sus piernas.

Durante la investigación, Hernández desapareció y algunos familiares han informado que vive en México.

La madre de la estudiante presentó una demanda civil en la que alega que LAUSD es responsable por no haber tomado acción contra Hernández, antes de que abusara de su hija.

Al no haberse formulado una acusación formal, el LAUSD no estaba en la obligación de informar sobre la investigación a la comisión de credenciales educativas del estado, por lo cual cuando Hernández solicitó un puesto en Inglewood su registro no presentaba problemas y su credencial estaba vigente.

En el último mes varios profesores del LAUSD han sido acusados de abuso contra alumnos, entre los que destaca el caso de Mark Brendt, un profesor de una escuela elemental de mayoría de alumnos hispanos quien ha sido acusado de 23 actos lascivos contra cerca de dos docenas de estudiantes.

Piden proteger a defensores de derechos humanos en México

México, D.F. (EFE).- Amnistía Internacional (AI) solicitó al gobierno mexicano tomar medidas “urgentes” de protección a los defensores de derechos humanos “víctimas de asesinatos, amenazas, intimidaciones y actos de criminalización”.

“Si los derechos humanos son verdaderamente la más alta prioridad de su gobierno, es imprescindible en primer lugar poner en marcha un mecanismo de protección”, pidió el asesor especial en programas regionales, Javier Zúñiga Mejía, a través de una carta.

La misiva fue enviada al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien el martes en un acto público afirmó que para su gobierno los derechos humanos son la más alta prioridad.

Sin embargo, para AI en México se registra “una grave situación” de los defensores de derechos humanos y por ello hizo un “urgente llamado a poner en marcha un mecanismo de protección eficaz para ellos”.

Insistió en que si para el gobierno los derechos humanos “son verdaderamente la más alta prioridad (…) es imprescindible poner en marcha un mecanismo de protección que merezca la confianza de los afectados y realmente brinde protección para que puedan seguir con sus legítimas actividades de defender los derechos humanos”.

Zúñiga también recomendó a las autoridades federales y estatales acabar con el mal uso del sistema de administración de justicia que “sigue prestándose a la persecución sin fundamento de los defensores”.

Un ejemplo de ello es el homicidio hace tres años de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), caso que sigue impune.

Otro caso que también resaltó es el de la activista Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización de Ciudad Juárez, que a mediados de este mes sufrió un segundo atentando contra su vida en Ciudad de México.

Otro caso citado fue la desaparición de dos miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán y numerosas detenciones de líderes indígenas a finales de 2010.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-México) al menos 27 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México entre enero de 2005 y mayo de 2011.

Protestas exhiben situación en cárceles mexicanas

Monterrey, México (EFE).- Un operativo de unos 300 policías federales para trasladar reos del penal de Apodaca, en el estado de Nuevo León, norte de México, donde murieron 44 presos el fin de semana, suscitó nuevas protestas de familiares de los presos y al interior del centro penitenciario.

Las protestas de familiares se registraron desde la tarde del martes después de que se escucharon disparos de armas de fuego en el interior del penal y se pudo observar una columna de humo en una de las torres de la prisión.

El portavoz del Consejo de Seguridad del Gobierno de Nuevo León, Jorge Domene, explicó que estas protestas surgieron tras un operativo del gobierno federal para “trasladar reos fuera de Nuevo León” hacia cárceles operadas por la Federación.

Domene enfatizó que desconoce el número de reos federales que serán trasladados, ya que la Secretaría de Gobernación (Segob) es la que ordenó el operativo.

Mencionó que el penal de Apodaca está bajo control y que el humo que se observó en el interior se debió a protestas de los internos que quemaron varios colchones.

Las fuerzas federales llegaron al centro penitenciario, lo que provocó protestas de internos y de sus familiares que se concentraron afuera del penal.

Fuera de la cárcel se encontraban unas 80 mujeres que expresaban su protesta a gritos, arrojaban piedras y quemaban basura en la entrada principal.

Unas horas antes Domene aseguró que no se registró ningún traslado de presos y que corrió un rumor que alteró a algunos familiares que se presentaron en las inmediaciones del penal.

Por otra parte, el portavoz de Seguridad confirmó que el director de la prisión, el subdirector y el jefe de seguridad de la prisión de Apodaca y al menos 16 guardias estuvieron coludidos con Los Zetas para asesinar a 44 reos y permitir la fuga de 30 personas.

Explicó que 16 custodios “han manifestado haber participado de una u otra forma y se incluye al director, el subdirector y el Jefe de Seguridad”.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, informó que va a solicitar a la autoridad judicial prisión preventiva “o directamente la acción penal contra los funcionarios”.

“Se está trabajando muy rápido, estamos haciendo revisiones y sobre todo haciendo los interrogatorios y confirmando que es la complicidad y la corrupción de algunos lo que nos lleva a tener este tipo de situaciones tan difíciles y peligrosas en el estado”, subrayó Medina.

El gobernador dijo que la fuga de internos, entre los que hay al menos dos líderes zetas, podría incrementar la violencia en el estado.

“Hay que estar alerta y hay que estar atentos, porque es evidente que hay una lucha encarnizada entre estas dos bandas criminales, dos cárteles”, dijo Medina.

Matan a tres reos en otra cárcel de Nuevo León

México, D.F. (EFE).- Tres reclusos de la cárcel de Topochico fueron asesinados por otros reos apenas unas horas después de haber ingresado al penal, informó el portavoz de Seguridad de Nuevo León, Jorge Domene, lo que eleva a 47 los muertos en cárceles de ese estado del norte de México en tres días.

En declaraciones a emisoras locales, el funcionario dijo que están identificados los tres asesinados, dos hombres y una mujer, pero no reveló sus nombres ni las circunstancias de su muerte ocurrida a las 6:45 a.m.

“Los datos duros que tenemos es el fallecimiento de estas tres personas y la detención de dos, que son los causantes de la muerte de los tres”, añadió.

El funcionario estatal identificó a los dos agresores, Eduardo Sánchez Contreras, de 21 años, y Jesús Sandoval Gámez, de 32, quienes perpetraron “un ataque directo (…) con arma blanca” contra sus víctimas.

Detalló que los dos varones atacados “acababan de arribar el día de ayer” a la cárcel y se encontraban “en el área de observación para ser asignados a alguna celda” cuando fueron asesinados.

Por su parte, la mujer también se encontraba en el área de enfermería cuando fue asesinada.

Al ser interrogado sobre si los asesinatos sucedieron con la complicidad de los guardianes, el portavoz de Seguridad dijo que era “algo prematuro” hacer esa afirmación.

Los nuevos crímenes en una cárcel de Nuevo León suceden dos días después de que 44 reos del penal de Apodaca fueran asesinados por un grupo rival, cuyos miembros trataron así de encubrir la fuga de 30 de sus miembros.

Según las primeras investigaciones, las víctimas pertenecían al cártel del Golfo y los agresores y fugados, a la organización criminal de Los Zetas.

Sobre lo sucedido en Apodaca, Domene dijo que hasta el momento ninguno de los fugados ha sido recapturado, en un caso más donde se investiga la presunta complicidad de autoridades carcelarias.

De los 44 reos fallecidos, únicamente dos están aún sin identificar y este martes podría concluir ese trabajo forense.

Interrogado sobre si la muerte de los presos se debió más que nada al hacinamiento en la cárcel, como sostienen las autoridades de Nuevo León, o a la corrupción en la prisión, como ha dicho el gobierno federal, Domene contestó que son “una serie de factores” los que deben considerarse, no “una sola (razón)”.

Nueve guardias del reclusorio ya han confesado su complicidad con los criminales en los hechos.

“Son temas que también están siempre en una discusión permanente en nuestro sistema penitenciario nacional, que tendríamos que mejorar para poder tener bien clasificados a los reos” y evitar la sobrepoblación, apuntó.

En la cárcel de Apodaca un 60% de los reos fueron recluidos por delitos federales, que incluyen narcotráfico y crimen organizado, y los demás por delitos comunes.