Enjuiciará El Salvador a dos vinculados con matanza en Tamaulipas

San Salvador (EFE).- Un tribunal salvadoreño enjuiciará a dos supuestos traficantes de indocumentados que abandonaron en México a 14 salvadoreños que luego fueron víctimas de la matanza, en 2010, de 72 inmigrantes en el estado mexicano de Tamaulipas, anunció la Fiscalía.

Los imputados son los salvadoreños Erick Escobar Ramírez y Carlos Teos Parada, quienes “deberán enfrentar en los próximos días la vista pública por el delito de tráfico ilegal de personas agravado”, informó la Fiscalía General de la República en un comunicado, sin precisar una fecha.

El organismo judicial señaló que ambos imputados son supuestos “coyotes” vinculados “con la brutal matanza ocurrida en 2010 en un rancho de Tamaulipas (México)”, entre cuyas víctimas “se logró identificar a 14 salvadoreños”, y que cuenta con “suficientes elementos de prueba en contra” de ellos.

“Las investigaciones detallan que los imputados contactaron a las víctimas provenientes de diferentes zonas de El Salvador, a quienes les ofrecieron llevarlas hacia Estados Unidos de una forma segura, viaje por el que cobraron elevadas cantidades de dinero, que oscilan entre los 6,000 y los 7,000 dólares”, agregó.

Después de cruzar ilegalmente Guatemala y parte de México, el grupo llegó a Tamaulipas, donde “los ‘coyotes’ abandonaron a las víctimas, quienes fueron secuestradas por el grupo armado de Los Zetas; estos los llevaron hacia un rancho en San Fernando (…), donde fueron masacrados”, subrayó la Fiscalía salvadoreña.

Refirió que, además de Escobar y Teo, otros cuatro salvadoreños están detenidos y en fase de instrucción por el caso.

La Fiscalía añadió que hay órdenes de captura contra los salvadoreños David Antonio Escobar Canales, Francis Edgardo Palacios Fuentes, así como el guatemalteco José María Negreros Sermeño, este último “considerado como el principal contacto de esta estructura” de traficantes de indocumentados en Guatemala.

En agosto de 2010, los 72 inmigrantes latinoamericanos fueron asesinados a tiros en el rancho de San Fernando, en Tamaulipas, masacre atribuida por las autoridades mexicanas a Los Zetas.

Las víctimas eran indocumentados ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y brasileños, de acuerdo con la información oficial.

Piden proteger a defensores de derechos humanos en México

México, D.F. (EFE).- Amnistía Internacional (AI) solicitó al gobierno mexicano tomar medidas “urgentes” de protección a los defensores de derechos humanos “víctimas de asesinatos, amenazas, intimidaciones y actos de criminalización”.

“Si los derechos humanos son verdaderamente la más alta prioridad de su gobierno, es imprescindible en primer lugar poner en marcha un mecanismo de protección”, pidió el asesor especial en programas regionales, Javier Zúñiga Mejía, a través de una carta.

La misiva fue enviada al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien el martes en un acto público afirmó que para su gobierno los derechos humanos son la más alta prioridad.

Sin embargo, para AI en México se registra “una grave situación” de los defensores de derechos humanos y por ello hizo un “urgente llamado a poner en marcha un mecanismo de protección eficaz para ellos”.

Insistió en que si para el gobierno los derechos humanos “son verdaderamente la más alta prioridad (…) es imprescindible poner en marcha un mecanismo de protección que merezca la confianza de los afectados y realmente brinde protección para que puedan seguir con sus legítimas actividades de defender los derechos humanos”.

Zúñiga también recomendó a las autoridades federales y estatales acabar con el mal uso del sistema de administración de justicia que “sigue prestándose a la persecución sin fundamento de los defensores”.

Un ejemplo de ello es el homicidio hace tres años de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), caso que sigue impune.

Otro caso que también resaltó es el de la activista Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización de Ciudad Juárez, que a mediados de este mes sufrió un segundo atentando contra su vida en Ciudad de México.

Otro caso citado fue la desaparición de dos miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán y numerosas detenciones de líderes indígenas a finales de 2010.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-México) al menos 27 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México entre enero de 2005 y mayo de 2011.

Protestas exhiben situación en cárceles mexicanas

Monterrey, México (EFE).- Un operativo de unos 300 policías federales para trasladar reos del penal de Apodaca, en el estado de Nuevo León, norte de México, donde murieron 44 presos el fin de semana, suscitó nuevas protestas de familiares de los presos y al interior del centro penitenciario.

Las protestas de familiares se registraron desde la tarde del martes después de que se escucharon disparos de armas de fuego en el interior del penal y se pudo observar una columna de humo en una de las torres de la prisión.

El portavoz del Consejo de Seguridad del Gobierno de Nuevo León, Jorge Domene, explicó que estas protestas surgieron tras un operativo del gobierno federal para “trasladar reos fuera de Nuevo León” hacia cárceles operadas por la Federación.

Domene enfatizó que desconoce el número de reos federales que serán trasladados, ya que la Secretaría de Gobernación (Segob) es la que ordenó el operativo.

Mencionó que el penal de Apodaca está bajo control y que el humo que se observó en el interior se debió a protestas de los internos que quemaron varios colchones.

Las fuerzas federales llegaron al centro penitenciario, lo que provocó protestas de internos y de sus familiares que se concentraron afuera del penal.

Fuera de la cárcel se encontraban unas 80 mujeres que expresaban su protesta a gritos, arrojaban piedras y quemaban basura en la entrada principal.

Unas horas antes Domene aseguró que no se registró ningún traslado de presos y que corrió un rumor que alteró a algunos familiares que se presentaron en las inmediaciones del penal.

Por otra parte, el portavoz de Seguridad confirmó que el director de la prisión, el subdirector y el jefe de seguridad de la prisión de Apodaca y al menos 16 guardias estuvieron coludidos con Los Zetas para asesinar a 44 reos y permitir la fuga de 30 personas.

Explicó que 16 custodios “han manifestado haber participado de una u otra forma y se incluye al director, el subdirector y el Jefe de Seguridad”.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, informó que va a solicitar a la autoridad judicial prisión preventiva “o directamente la acción penal contra los funcionarios”.

“Se está trabajando muy rápido, estamos haciendo revisiones y sobre todo haciendo los interrogatorios y confirmando que es la complicidad y la corrupción de algunos lo que nos lleva a tener este tipo de situaciones tan difíciles y peligrosas en el estado”, subrayó Medina.

El gobernador dijo que la fuga de internos, entre los que hay al menos dos líderes zetas, podría incrementar la violencia en el estado.

“Hay que estar alerta y hay que estar atentos, porque es evidente que hay una lucha encarnizada entre estas dos bandas criminales, dos cárteles”, dijo Medina.

Dimite presidente alemán acusado de corrupción

Berlín (EFE).- El presidente de Alemania, Christian Wulff, anunció su dimisión en una breve comparecencia pública en el Palacio de Bellevue ante las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias en su contra.

La dimisión del máximo mandatario germano se produjo después de que la fiscalía de Hannover, al norte del país, solicitara ayer al Bundestag, el parlamento alemán, que levante la inmunidad de Wulff para abrir una investigación contra su persona.

“Alemania necesita un presidente que cuente con un amplio respaldo de la población”, dijo el ya presidente saliente al reconocer que este no es el caso en estos momentos, tras la previsible actuación de la justicia en su contra.

“Estoy convencido de que [las investigaciones] conducirán a un total descargo [de mi persona]“, afirmó Wulff, quien aseguró haber sido “siempre honrado” en el ejercicio de sus funciones como presidente de Alemania y anteriormente como jefe del gobierno del estado federado de la Baja Sajonia.

Wulff expresó su rechazo a las informaciones contra su persona aparecidas en la prensa alemana durante los dos últimos meses y declaró que las noticias publicadas por los medios le han herido a él y a su mujer.

Las últimas acusaciones contra Wulff tienen su origen en su etapa como jefe de gobierno del estado federado de la Baja Sajonia y sus relaciones con el productor cinematográfico David Groenewold, que también es investigado.

Groenewold y Wulff disfrutaron juntos en 2007 de unas vacaciones en la exclusiva isla alemana de Sylt que pagó el primero, aunque el presidente ha asegurado que abonó en metálico su parte a quien ha calificado de amigo personal.

Las vacaciones tuvieron lugar un año después de que el gobierno de la Baja Sajonia, presidido por Wulff, aprobara la concesión de un aval de un millón de euros a una empresa de Groenewold, aunque este nunca lo hizo efectivo.

La creciente polémica por presuntos casos de amiguismo contra Wulff estalló el pasado 13 de diciembre, cuando el popular diario Bild publicó que en sus tiempos de primer ministro regional había aceptado un crédito privado con unas condiciones muy ventajosas de empresarios amigos por medio millón de euros, con el que adquirió una casa unifamiliar.

Familiares de reos hondureños piden respuestas

Tegucigalpa (EFE).- Los cadáveres de las al menos 355 víctimas del incendio de la cárcel de Comayagua fueron trasladados todos a la capital hondureña, donde equipos de forenses trabajan en su identificación, informaron fuentes de la Fiscalía General.

Por ahora solo dos cadáveres han sido entregados, los de dos heridos que fallecieron en el hospital capitalino al que fueron trasladados después del incendio declarado en la Granja Penal de Comayagua, a 80 kilómetros de Tegucigalpa, la medianoche del martes.

Centenares de familiares de reclusos de Comayagua, incluidos niños, estaban concentrados desde la noche del miércoles en Tegucigalpa, en los alrededores de la morgue, donde en medio de su dolor han reclamado que les entreguen pronto los restos de sus parientes muertos.

El fiscal general adjunto, Roy Urtecho, aseguró que la entrega se hará lo más pronto que se pueda.

En total se trasladaron desde Comayagua a Tegucigalpa en contenedores refrigerados 353 cadáveres. El traslado terminó en la madrugada.

Además empezaron a llegar a la capital hondureña expertos en medicina forense de Chile y El Salvador para sumarse a las labores de identificación de las víctimas, como parte de la ayuda solicitada por el gobierno que preside Porfirio Lobo.

La ayuda ha sido solicitada a los países de Centroamérica, Chile y México, indicó una fuente cercana al poder Ejecutivo.

El secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo, presentó el miércoles por la noche una iniciativa legal para que se permita la entrega sin autopsia de los cuerpos de los reos que puedan ser identificados por sus parientes, según informó la prensa local.

En la Granja Penal de Comayagua, escenario de la que ya es considerada la peor tragedia carcelaria registrada en América Latina en los últimos 25 años, la Secretaría de Salud inició ya los trabajos de limpieza.

Se manejan dos hipótesis sobre las causas del incendio: que se debió a un cortocircuito o a la quema de un colchón por parte de un recluso.

Entre las víctimas del incendio en la cárcel de Comayagua se encuentran un mexicano, un guatemalteco, un salvadoreño y un brasileño, cuyas identidades no fueron reveladas, según informó el diario La Prensa, que cita declaraciones de la coordinadora de fiscales del Ministerio Público, Danelia Ferrera.

El presidente Lobo prometió el miércoles una investigación con “total transparencia” para determinar “qué fue lo que provocó esta lamentable e inaceptable tragedia”, y como primera medida suspendió de sus puestos a todos los responsables de prisiones hasta que se esclarezca lo sucedido para “deducir las responsabilidades”.

Los recuentos difundidos hasta ahora, sin que aún se hayan dado nombres de víctimas mortales, hablan de al menos 377 supervivientes o posibles fugados.

Los 24 centros penitenciarios hondureños tienen capacidad para unos 8,000 reos pero albergan a casi 16,000, según fuentes de la Policía hondureña y organismos humanitarios locales.